El portal Kien&Ke hace un análisis de las implicaciones que tiene el retorno al país de los Nule para enfrentarse a la Fiscalía
¿El plan perverso de los Nule?
A comienzos de esta semana la Fiscal General, Vivianne Morales, anunció que los polémicos empresarios Miguel, Manuel y Guido Nule no obtendrán el principio de oportunidad completo para negociar sus penas. “Si se presentan pueden allanarse a cargos y por eso podrían tener una rebaja de hasta la mitad de la pena. Otra posibilidad sería un principio de oportunidad parcial. Pero lo que sí debe quedar claro es que no habrá principio de oportunidad total”, aseguró Morales.
Este pronunciamiento puso en alerta a los Nule que, de acuerdo con personas cercanas a su proceso, evalúan un tema que puede resultar perverso para los procesos que hoy se adelantan por la corrupción en la contratación de Bogotá.
Al parecer, los empresarios no colaborarán más ni aportarán nuevas pruebas a los distintos procesos que adelantan la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte contra funcionarios públicos involucrados en el “carrusel”, como a la ex directora del IDU, Liliana Pardo, el ex subdirector técnico de ese organismo Inocencio Meléndez, el ex contralor Miguel Ángel Morales Russi, el ex representante Germán Olano, el senador Iván Moreno, así como decenas de políticos y abogados que serían vinculados a los expedientes por haberse prestado para que ellos defraudaran al Estado.
Este es un planteamiento delicado, si se tiene en cuenta que sus declaraciones han sido el eje fundamental para develar el entramado de cómo funcionaba el llamado cartel de la contratación.
En días pasados, Kien&ke reveló que los Nule estaban valorando su regreso al país y para revelar a la justicia los nombres de otros políticos de Cambio Radical, la U y el Partido Liberal que se habrían beneficiado con sus actividades. Y que para ello “la Fiscalía necesitaba de su colaboración y viceversa”. Esto se iría al traste.
Analistas consultados aseguran que, de todas maneras, si los Nule ratifican sus declaraciones con actos, la Fiscalía podría sostener los casos en juicio a partir de las pruebas que hasta ahora han recogido. Pero no podrían avanzar demasiado. Otro argumento es que la Fiscalía podría acoger las declaraciones que entregaron los empresarios a la Procuraduría y la Corte Suprema. Pero de todas maneras necesitan de ellos como testigos.
Guardar silencio y no aportar información “sería tan mal cálculo como el que hicieron cuando pensaron que podían sostener sus procesos desde el exterior”, concluye uno de ellos. Sin embargo, el Estado y su aparato de justicia tiene recursos para avanzar. Sin embargo, este es un caso en que la colaboración de los implicados se vuelve crucial para llegar al fondo de una estructura de corrupción que puede ser ejemplarizante y clave para depurar todo el sistema de contratación en el país.
