Quitarle la Bienestarina de la boca
Yolanda Reyes
El Tiempo
Lo más escandaloso de las revelaciones sobre la interventoría de la Bienestarina dada a los Nule y sobre la contratación a dedo que benefició a personajes de la camarilla uribista es el que el país se haya enterado de los secretos a voces del ICBF solo por la fascinación mediática que ejercen los Nule y no por interés sobre asuntos que afectan a la infancia y a la juventud más vulnerable.
Aunque era vox populi que la directora fue ratificada como cuota de Uribe, nadie objetó la explicación de Santos sobre su excelente trabajo. Quizás se refería a su excelente "trabajo electoral", pues tampoco es un secreto que las madres comunitarias pueden sumar un gran caudal de votos.
A ello se agrega el presupuesto del ICBF: si el 3 por ciento del sueldo mensual de todos los empleados colombianos va a sus arcas, hagan la cuenta. "Un apostolado", según palabras de su directora, con 2,7 billones que pueden convertirse en puestos y contratos adjudicados desde Bogotá, y para completar, sin veeduría ciudadana. Porque la infancia -otro secreto a voces- no le importa a la opinión pública.
Es sabido que el ICBF arrastra problemas estructurales desde su fundación en los 60, cuando llamábamos "Necesitados, Huérfanos y Abandonados" a quienes hoy reconocemos, al menos en teoría, como Sujetos de Derechos y cuando la labor del Estado era guardarlos en asilos y orfanatos. Luego, en los 80, cuando los niños morían por abandono o desnutrición, se crearon los Hogares Infantiles.
La solución, ingeniosa en su momento, delegaba en las madres de las comunidades el cuidado de los niños, les daba Bienestarina para suplementar su alimentación y pretendía suplir también la educación que no asumía el Estado. Sin embargo, con lo que sabemos hoy sobre la primera infancia como etapa crucial del desarrollo y con las legislaciones basadas en los derechos de los niños, ofrecer a los más vulnerables la repetición de condiciones de pobreza material y educativa resulta insostenible.
Pese a los esfuerzos del ICBF para adecuarse a los nuevos paradigmas sobre infancia, entre los que se destacan la formulación de la Política Pública, la Ley de Infancia de 2006 y los convenios con el Ministerio de Educación para ofrecer atención integral, su estructura centralista que no logró reformar la Constitución del 91, ha sido el caldo de cultivo para ese "ambiente familiar" que permitió a los Nule, los Del Castillo y a tantos padres de la patria manejar el presupuesto como si fuera el de su casa.9 Y no es descabellado que a su directora le sobren padrinos, al menos mientras pasan las elecciones y se aprueban ciertas reformas.
Lo impresentable no es solo que los Nule se hayan metido con los 9 millones de lactantes, niños, mujeres embarazadas y ancianos para quienes la Bienestarina es su pan de cada día, sino que existan tantos contratos de 13.000 millones para vigilar que ese invento, tan premoderno como el instituto, llegue a los más pobres y que nadie se pregunte si esos más de 600 millones podrían usarse para suministrar modernos micronutrientes o, simplemente, para garantizar el derecho a la misma alimentación nutritiva que comen nuestros hijos.
De ahí que la deuda de los Nule la hayamos contraído todos con nuestra desatención histórica frente a los asuntos de la infancia y con nuestra incapacidad para entender que lo que está en juego es la vida y la muerte de los niños. ¿Cómo creer en la apuesta de primera infancia de este gobierno sin una decisión política de fondo que le dé herramientas técnicas al ICBF para asumir un proyecto de semejante envergadura? El desafío está planteado y ya veremos si la apuesta por la infancia es real... o si es mera politiquería.
